"Tebeto sólo vale 1,5 millones"
A la luz de un informe geológico, el Ejecutivo regional anuncia que "removerá cielo y tierra" para no pagar la sentencia de 103 millones dictada por los tribunales
Víctor Garrido
Santa Cruz de Tenerife
El valor del mineral extraíble de la montaña de Tebeto, en la isla de Fuerteventura, oscila entre los 800.000 y los 2,2 millones de euros. Así se certifica en el estudio geológico y las dos tasaciones encargadas este verano por el Ejecutivo regional y cuyas conclusiones fueron dadas a conocer ayer por el portavoz del Gobierno, Martín Marrero.
Marrero certificó, tras la reunión del Consejo de Gobierno, que las cifras establecidas en este informe suponen una "desproporción abismal" con la sentencia definitiva dictada por el Tribunal Superior de Justicia de Canarias, que obliga a la Comunidad Canaria a abonar 103 millones de euros debido al litigio que mantiene con la empresa Canteras Cabo Verde, por el llamado caso Tebeto. "Por algo que vale como mucho 1,5 millones pretenden que paguemos cien veces su valor", dijo Marrero.
El portavoz quiso remarcar el carácter riguroso, independiente y profesional del informe geológico y las tasaciones de Tebeto;e insistió en que lo ofrecido hasta ahora habían sido sondeos hipotéticos y especulativos, mientras que el estudio revela, por primera vez, "cifras concretas". "A la luz de estos datos, el Gobierno removerá cielo y tierra para no pagar ni un euro por Tebeto", subrayó Marrero, quien no calificó de "atropello sin precedentes" el daño que el cumplimiento de la sentencia del TSJCpuede acarrear a la Hacienda canaria.
En la relación de acciones que emprenderá el Ejecutivo, explicó Marrero, está el recurso de súplica que ya ha presentado contra el auto del TSJC del pasado viernes que desestima su petición de fraccionar el pago de la indemnización. Otra medida, esta de naturaleza política, es la comparecencia al respecto ante el pleno del Parlamento de Canarias el próximo 23 de septiembre. Y la última acción, "de momento", es la denuncia pública a través de los medios de comunicación. "Se seguirán estudiando todas las posibilidades para evitar el pago de la sentencia. No obstante, el Gobierno confía en que al final se hará justicia", insistió Martín Marrero.
¿Por qué no antes?
El portavoz del Gobierno se escudó en el criterio de los servicios jurídicos del Gobierno de Canarias y el Consejo Consultivo para explicar por qué no encargaron el informe pericial antes.
Cabe recordar que durante toda la fase administrativa y el proceso judicial, el Servicio Jurídico del Gobierno no contradijo las cantidades planteadas unilateralmente por la empresa demandante, un hecho muy criticado por la oposición socialista. En estos momentos, ya hay una sentencia emitida por el TSJC y solamente cabe el recurso de casación, que los tribunales conceden en situaciones muy particulares, donde, además, no se pueden aportar nuevas pruebas.
Al respecto, Marrero explicó que el criterio entonces fue que las pruebas sobre la valoración las tenía que presentar la parte demandante, ya que la posición del Gobierno era que no había que indemnizar al propietario de la cantera, el empresario Rafael Bittini. De cualquier forma, negó que este reciente informe pericial suponga "papel mojado", ya que se trata de un asunto de fondo, y que se esforzarán en buscar el "encaje jurídico" que permita librar a la Hacienda pública canaria del "grave quebranto" que ahora la amenaza.
Plan de Vivienda
En otro orden de asuntos, el Gobierno de Canarias acordó llevar al Consejo Consultivo el decreto que regulará el Plan de Vivienda 2009-2012, con el que el Gobierno se propone mejorar el acceso a la vivienda a 135.000 familias canarias, un 50% más que en el plan anterior en el que el objetivo fue llegar a 89.000 familias. El plan busca convertirse en una "potente herramienta" de reactivación económica en el que las novedades son su marcado carácter social, su apuesta por el alquiler y la rehabilitación que facilitará la creación de empleo. El nuevo plan considera colectivos preferentes a las familias con menores recursos, jóvenes, mayores de 65 años, mujeres víctimas de violencia de género, familias numerosas o con dependientes y se tendrá como objetivo que el esfuerzo de las familias para acceder a una vivienda protegida no supere la tercera parte de sus ingresos. Este decreto permitirá abrir el plazo para que las familias adjudicatarias de una vivienda social puedan acogerse a la opción de acceso diferido a la propiedad.
