La Justicia mantiene su freno a las obras del puerto de Granadilla
El TSJC desestima las peticiones del Gobierno canario, la Autoridad Portuaria y los transportistas de gas a la espera de que se decida sobre los sebadales de la zona
V. GARRIDO. SANTA CRUZ
La justicia dio ayer un nuevo revés a los intereses del Gobierno de Canarias y la Autoridad Portuaria de Tenerife, que no verán satisfechas sus reclamaciones contra la paralización cautelar del Puerto de Granadilla. De esta manera, la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) acordó ayer desestimar los recursos de súplica interpuestos por los servicios jurídicos del Gobierno de Canarias, en nombre y representación de la Comunidad Autónoma de Canarias, por el Abogado del Estado, en nombre y representación de la Autoridad Portuaria de Tenerife, y por el procurador Antonio Vega González, en nombre y representación de la compañía Transportista de Gas de Canarias, contra el auto que anula la descatalogación de la población de seba (Cymodocea nodosa) que se encuentra en el ámbito del Puerto de Granadilla. Por lo tanto, los trabajos de la futura infraestructura portuaria seguirán paralizadas hasta que se resuelva el fondo de la cuestión: si la descatalogación es ilegal o no.
La justicia canaria se reafirma en su decisión de mantener la suspensión cautelar de la Orden emitida por la Consejería de Medio Ambiente el pasado 2 de febrero, para quitar el estatus de especie protegida a la población de seba y así eliminar el último escollo necesario para dar comienzo a las obras del puerto.
Daño irreversible
"Esta Sala da por reproducidos los motivos que nos llevaron a la tutela cautelar en el auto recurrido, y lo hace teniendo presente que frente al interés a la construcción del puerto de Granadilla, y a las consecuencias socieconómicas derivadas de ello, debe prevalecer, a la vista de las circunstancias concurrentes, el interés a la defensa del ecosistema ante el peligro de un daño irreversible, no solo a la especie, que es objeto de protección individualizadamente, sino al sebadal objeto de descatalogación, y a toda la pradera de Cymodocea nodosa de la que la superficie descatalogada forma parte y con la que forma una unidad ambiental. Ese peligro de daño irreversible, de consumarse, supondría un daño mediambiental de proporciones incalculables al fondo marino y, en definitiva, al ecosistema, lo que nos lleva a entender procedente el mantenimiento de la medida adoptada, que suspendió la Orden de descatalogación de forma cautelar como medio de evitar un riesgo justificado de pérdida de la finalidad legítima del recurso".
