PLENO DEL PARLAMENTO DE CANARIAS
Una comisión parlamentaria estudiará las desapariciones de niños canariosEl mismo día que PP y CC crean la comisión en el Parlamento, agentes de policía y militares buscan el cuerpo de Sara Morales
Víctor Garrido. SANTA CRUZ
El grupo de Coalición Canaria sacó adelante ayer, con el apoyo del Partido Popular, su propuesta para crear una comisión parlamentaria que estudie los casos de niños desaparecidos en las Islas.
La iniciativa, aprobada por el Pleno de la Cámara autonómica con el rechazo de la oposición socialista, plantea la comparecencia de todas las personas (agentes, mandos policiales, forenses, familiares,...) implicadas en las investigaciones, a fin de que el Parlamento tenga un conocimiento exacto de los trabajos realizados hasta el momento para encontrar a los menores desaparecidos.
El segundo objetivo, tal y como refleja la propuesta, será que dicha comisión elabore un informe con los datos recabados así como una propuesta de medidas que cabría adoptar para aumentar la seguridad de las familias canarias.
Justificaciones y críticas. La controvertida propuesta generó ayer un debate abierto entre los grupos de CC y PP y el PSC-PSOE. En síntesis, sus defensores insistieron en que la iniciativa no pretende perseguir ni cuestionar la actuación de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado encargadas del caso, y que las conclusiones de la comisión pueden servir para crear protocolos de actuación más eficaces que los puestos en práctica hasta al fecha.
Los socialistas, radicalmente en contra de la propuesta, acusaron a sus promotores de utilizar políticamente el sufrimiento de las familias, así como de fomentar la alarma social y la inseguridad ciudadana para obtener réditos electorales en las próximas elecciones europeas (7 de junio).
El ejemplo de Madeleine. El portavoz nacionalista, José Miguel Barragán, recordó que en Canarias hay registrados alrededor de 200 casos de menores desaparecidos, a los que se suman los ocurridos en la Península con mayor repercusión mediática. Precisamente, valoró cómo acontecimientos mediáticos como el de la niña de nacionalidad británica Madeleine McCann han provocado el despliegue "espectacular" de medios humanos y materiales en la investigación. "No se trata de justificar la Policía Canaria ni sacar rédito político", sentenció.
La presidenta del grupo popular, María Australia Navarro, secundó todos los planteamientos de la propuesta e incidió en que, en España, el sistema de seguridad "no está dando una respuesta eficaz" en materia de desapariciones, por lo que abogó por "un dispositivo propio y una brigada especializada" para abordar una problemática que incide mucho en Canarias.
Irresponsabilidad total. La diputada socialista Olivia Cedrés se deshizo en descalificativos a la propuesta y reprobó la "irresponsabilidad total" que supone sacar a luz las líneas de investigación, "que pueden beneficiar, precisamente, a los culpables de las desapariciones". La socialista consideró la comisión como una farsa para poner en tela de juicio la actuación de la policía y el propio del estado de derecho. "Para esto no sirve la política", cerró.
Empeño de CC. La propuesta de CC no es nueva, fue planteada hace ya un año y medio, y presentada en el Parlamento bajo el formato de una comisión de investigación (que se utiliza para depurar responsabilidades políticas) con el objetivo de analizar desapariciones como las de Yéremi Vargas o Sara Morales. El amplio rechazo que produjo esta iniciativa en la sociedad canaria, obligó a CCa recapacitar y replantearla como una comisión de estudio.
OTROS ASUNTOS
NUEVA MORATORIA.
El portavoz del grupo socialista Santiago Pérez no logró convencer ayer a los diputados de Coalición Canaria y Partido Popular para que retirasen el proyecto de ley de Medidas Urgentes sobre Ordenación Territorial y Turismo (también conocida como nueva moratoria o Ley Berriel) de su tramitación parlamentaria. En un último intento antes de su votación definitiva en pleno la Cámara -que tendrá el próximo jueves- Pérez aludió a la "pérdida de autonomía" que sufrirán las corporaciones locales e insulares para decidir sobre su planeamiento urbanístico y recursos naturales, quedando estos, en buena medida, en manos del Gobierno de Canarias. El diputado socialista planteó también un "debate abierto"para que el Gobierno reconsidere.
CC y PP, si bien votaron en contra de la moción socialista, dejaron la puerta abierta a que se produzca un diálogo sobre la "reestructuración" de competencias de las corporaciones locales. Así, el diputado nacionalista José Miguel González se mostró de acuerdo con establecer un control de la legalidad así como el respeto de la autonomía local, en el marco de la constitución.
El parlamentario popular Miguel Jorge planteó que la clave del futuro debate sea la defensa del interés ciudadano para que la administración sea ágil, eficaz y cercana.
COOPERACIÓN
Los tres grupos con representación parlamentaria (Coalición Canaria, Partido Popular y Partido Socialista Canario-PSOE) aprobaron de forma unánime ayer la Ley Canaria de Cooperación al Desarrollo que permitirá la dotación de fondos, así como acciones para proyectos y medidas destinadas al desarrollo de África y América, recogió Europa Press. La gestión y aprobación de dicha Ley recibió también la bendición del Gobierno de Canarias a través de la consejera regional de Educación, Cultura, Deportes y Universidades, Milagros Luis Brito.
Durante la fijación de posiciones, la popular Cristina Tavío insistió en el papel de la Ley que permitirá reforzar "la inversión canaria en África", así como responder a la solidaridad histórica de los países del Sur de América que "dieron cobijo a los canarios que en momento de dificultad mandaban remesas de dinero que contribuyeron al desarrollo de Canarias". Subrayó el compromiso "firme" de destinar el 0,7% del PIB de las naciones a los países en desarrollo acordado en la Cumbre de Monterrey y cuya fecha límite esta en 2015.
El portavoz del grupo socialista Santiago Pérez no logró convencer ayer a los diputados de Coalición Canaria y Partido Popular para que retirasen el proyecto de ley de Medidas Urgentes sobre Ordenación Territorial y Turismo (también conocida como nueva moratoria o Ley Berriel) de su tramitación parlamentaria. En un último intento antes de su votación definitiva en pleno la Cámara -que tendrá el próximo jueves- Pérez aludió a la "pérdida de autonomía" que sufrirán las corporaciones locales e insulares para decidir sobre su planeamiento urbanístico y recursos naturales, quedando estos, en buena medida, en manos del Gobierno de Canarias. El diputado socialista planteó también un "debate abierto"para que el Gobierno reconsidere.
CC y PP, si bien votaron en contra de la moción socialista, dejaron la puerta abierta a que se produzca un diálogo sobre la "reestructuración" de competencias de las corporaciones locales. Así, el diputado nacionalista José Miguel González se mostró de acuerdo con establecer un control de la legalidad así como el respeto de la autonomía local, en el marco de la constitución.
El parlamentario popular Miguel Jorge planteó que la clave del futuro debate sea la defensa del interés ciudadano para que la administración sea ágil, eficaz y cercana.
COOPERACIÓN
Los tres grupos con representación parlamentaria (Coalición Canaria, Partido Popular y Partido Socialista Canario-PSOE) aprobaron de forma unánime ayer la Ley Canaria de Cooperación al Desarrollo que permitirá la dotación de fondos, así como acciones para proyectos y medidas destinadas al desarrollo de África y América, recogió Europa Press. La gestión y aprobación de dicha Ley recibió también la bendición del Gobierno de Canarias a través de la consejera regional de Educación, Cultura, Deportes y Universidades, Milagros Luis Brito.
Durante la fijación de posiciones, la popular Cristina Tavío insistió en el papel de la Ley que permitirá reforzar "la inversión canaria en África", así como responder a la solidaridad histórica de los países del Sur de América que "dieron cobijo a los canarios que en momento de dificultad mandaban remesas de dinero que contribuyeron al desarrollo de Canarias". Subrayó el compromiso "firme" de destinar el 0,7% del PIB de las naciones a los países en desarrollo acordado en la Cumbre de Monterrey y cuya fecha límite esta en 2015.
