Víctor Garrido. SANTA CRUZ
El presidente del Gobierno de Canarias, Paulino Rivero, se marcó ayer un objetivo claro: crear conciencia en la ciudadanía de que el Estado español tiene una deuda histórica con Canarias. Así lo anunció en el pleno del Parlamento regional celebrado en Santa Cruz de Tenerife, en una sesión donde se abordaron otros asuntos de peso como la próxima cumbre interministerial sobre inmigración, o la futura reunión con el presidente español, José Luis Rodríguez Zapatero, para abordar los singulares efectos de la crisis en la comunidad canaria.
La llamada deuda histórica, reclamada con especial interés en esta legislatura por Coalición Canaria y Partido Popular, está relacionada con las inversiones estatales previstas en la Ley del Régimen Económico y Fiscal (REF), la retención de partidas por el desaparecido Impuesto del Tráfico de Empresas (ITE) y la no adecuación de la financiación sanitaria al incremento de la población de las Islas.
6.500 millones.L a cantidad total de esta deuda, según las estimaciones provisionales del presidente canario, asciende a 6.500 millones de euros.
Precisamente, Paulino Rivero indicó que su Gobierno no ha fijado ningún calendario para reclamar la devolución de este importe, y destacó que el primer paso es "crear conciencia" en la población de esta deuda. El segundo paso será establecer una comisión de trabajo junto con los agentes socieconómicos del Archipiélago para determinar el importe exacto que se adeuda a las Islas, una mesa de trabajo a la cual -dijo- están invitados los socialistas canarios.
’Antipatriotas’. Para animar al partido de la oposición, Paulino Rivero no dudó en aludir el trabajo de los socialistas en otras comunidades, que se han unido junto al Gobierno para reclamar las cantidades históricas que el Estado debe a dichas autonomías. Así, Andalucía, Cataluña, Aragón o Extremadura fueron los ejemplos destacados por el presidente canario, que remató su intervención cuestionando: "¿Por qué son ellos más patriotas que los socialistas canarios?".
Reunión Rivero-Zapatero. El presidente canario, que intervino hasta en cuatro ocasiones en el pleno de ayer, aludió en otro de los puntos a la próxima reunión que mantendrá con Rodríguez Zapatero, una cita para la que aún no existe fecha, pero que cuenta con el compromiso formal del presidente del Ejecutivo español.
Paulino Rivero recordó que el objeto de la reunión es el consenso de acciones específicas para corregir los efectos de la crisis económica mundial en las Islas. Una de sus peticiones, adelantó, será la supresión "de forma inmediata y con carácter transitorio hasta que mejore la situación" de todas las tasas de operaciones en los aeropuertos canarios, una medida que, según dijo, ya se ha aprobado en países como Grecia, Turquía, Egipto o Marruecos.
Asimismo, Rivero pedirá al presidente español que se financien al 100% los costos de transporte hasta la Península, y también, iniciar conversaciones sobre una futura reforma del REF.
Campaña anticrisis. En la jornada plenaria de ayer, como no podía ser de otra manera dado los tiempos que corren, se habló de crisis. Y como normalmente sucede en la Cámara regional, la situación económica fue la excusa para que gobierno y oposición se enzarzasen en reproches mutuos, tal y como quedó patente en la pregunta sobre el coste de la campaña publicitaria de las medidas anticrisis por parte del Gobierno de Canarias.
La diputada socialista Gloria Gutiérrez acusó al Ejecutivo regional de haber despilfarrado 152.000 euros en una campaña "propagandística" que cuesta, por cada anuncio aparecido en los medios de comunicación, el mismo importe que una pensión no contributiva. "No es el momento para publicidad ni para caprichos", criticó Gutiérrez.
Y el PSOE, más. Por parte del Gobierno compareció su vicepresidente, José Manuel Soria (PP), quien constató que efectivamente la campaña publicitaria ha supuesto a las arcas públicas un desembolso de 151.924 euros, cantidad que se apresuró a comparar con los 6,5 millones gastados por el Gobierno central en carteles para las obras del plan de inversión municipal, "a razón de 1.500 euros por valla".
Soria calificó la campaña del Gobierno central como un verdadero "uso torticero" de los fondos públicos, cuya inversión en vallas publicitarias solo en la Isla de La Palma, aseguró, supera los 152.000 euros gastados por la Administración canaria.
Inversión en desempleo. El duelo dialéctico entre la socialista Gloria Gutiérrez y el vicepresidente Soria continuó en el punto siguiente, relativo a la inversión de la comunidad autónoma canaria en 2009 al Servicio Canario de Empleo (SCE). Tras recordar que el número de parados en Canarias asciende ya a 238.000, Gutiérrez, datos oficiales en mano, aseguró que el Gobierno regional ha disminuido los fondos que aporta al SCE, a 31 millones, cifra que comparó con la aportación estatal de 208 millones.
El vicepresidente canario rebatió los argumentos de Gutiérrez con didáctica exposición en la que entrelazó una ingente cantidad de asientos contables, partidas presupuestarias y fondos nacionales y europeos; tras lo cual señaló que el esfuerzo de la Comunidad Autónoma en el SCE, no solo no ha disminuido, sino que ha aumentado para compensar la reducción de las aportaciones provenientes del Fondo Social Europeo, que se han reducido en un 40%.
El vicepresidente del Gobierno de Canarias reconoció, no obstante que los datos de desempleo en la comunidad autónoma son negativos, pero destacó que, mientras la evolución en el último año en Canarias ha sido de un 50% más de parados, en el conjunto de España se ha llegado al 56%.
Menos vuelos. Ya en la sesión verpertina, la consejera de Turismo del Gobierno de Canarias, Rita Martín, reconoció que se han reducido los vuelos al archipiélago porque hay menos pasajeros y abogó por la reducción de las tasas aeroportuarias de navegación que "sí afectan al consumidor", matizó.
En comparecencia solicitada por el grupo parlamentario de Coalición Canaria, según Europa Press, la consejera explicó que la crisis actual es de influencia global, y por tanto no puede ser afrontada solo con políticas autonómicas. Señaló que el escenario también es complicado en los países emisores de turismo con destino al Archipiélago; aun así, subrayó que mercados tradicionales como el inglés siguen eligiendo Canarias, y afirmó que casi el 7% de los turistas que salen de Reino Unido vienen a las Islas.
Tomate marroquí. Otro de los asuntos de la tarde fue las importaciones de tomate procedente de Marruecos. Así, la parlamentaria de Coalición Canaria Beatriz Acosta consideró innecesario "dar más concesiones al tomate marroquí de las que ya tiene", a la vez que vio positivo el acuerdo firmado por el Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino (MARM) y las comunidades productoras de tomate de cara al Estatuto Avanzado entre la Unión Europea y Marruecos, para integrar al país vecino en el mercado europeo.
Bolkestein o a pagar. Por último, el consejero de Industria, Comercio y Consumo del Gobierno de Canarias, Jorge Rodríguez, destacó que el Ejecutivo autónomo está "satisfecho" con el ritmo de adaptación de la normativa comercial a la Directiva de Servicios (también conocida como Directiva Bolkestein). Esta normativa debe estar aprobada por el Parlamento antes del 31 de diciembre de 2009, plazo establecido por la Unión Europea. De no cumplirse, las instituciones comunitarias sancionarán al Gobierno de España, que tiene previsto saldar el importe de las sanciones. Rodríguez subrayó que la adaptación debe hacerse, o de lo contrario la comunidad autónoma se enfrentaría a sanciones económicas importantes.
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