V. GARRIDO. SANTA CRUZ
Advirtieron en su día que llegarían hasta el final contra el nuevo marco normativo de Canarias en materia de ordenación territorial y turismo, y todo indica que cumplirán su promesa. El grupo parlamentario socialista anunció ayer que recurrirán ante el Tribunal Constitucional la ley de Medidas Urgentes sobre Ordenación Territorial y la dinamización del Sector Turístico de Canarias (también llamada nueva moratoria o ley Berriel), aprobada la semana pasada en el pleno del Parlamento de Canarias.
Así lo indicó el portavoz del grupo socialista en la Cámara, Santiago Pérez, quien confirmó en declaraciones a los periodistas que trabajan en la preparación de dos recursos de inconstitucionalidad a la ley. El primero, por considerar que se han vulnerado los derechos de los diputados socialistas durante la tramitación parlamentaria del proyecto, al no haberse visto privados de la posibilidad de presentar enmiendas a parte del texto.
Esta supuesta vulneración de derechos ya fue puesta de manifiesto por el PSC durante el período de presentación de enmiendas al proyecto, el pasado mes de febrero. El diputado Manuel Fajardo denunció que parte de las enmiendas conjuntas presentadas por Coalición Canaria y Partido Popular no eran tales, sino nuevo articulado añadido al texto original, por lo que debían pasar, al igual que el resto de puntos, por los "filtros" del Consejo Económico y Social y Consejo Consultivo, y ser objeto de enmiendas por parte de los parlamentarios.
Los servicios jurídicos de la Cámara desestimaron la petición socialista y ahora, aprobada la ley, estos están decididos a defender sus derechos ante el máximo órgano judicial español.
Ayuntamientos, cabildos
El segundo recurso planteado por los socialistas se encuentra aún en fase de estudio, señaló Pérez. Consistiría en plantear un conflicto constitucional en defensa de las autonomía de las entidades locales que, a causa del nuevo marco legislativo, perderían competencias importantes sobre su planeamiento urbanístico.
Santiago Pérez explicó que existe fundamentación política al respecto y que, en caso de producirse, la moción se haría a través de los ayuntamientos y cabildos. Para ello, continuó, la ley exige alcanzar el quórum de la séptima parte de las entidades locales, y que éstas representen a la sexta parte de la población del Archipiélago. "Es posible conseguirlo, pero intentaremos que no sean solo los ayuntamientos socialistas quien lo reclamen sino también los gobernados por otras fuerzas políticas", destacó.
Reprobación "divertida"
En otro orden de asuntos, el portavoz socialista informó que ayer presentó en el Parlamento la moción para solicitar la reprobación del vicepresidente y consejero de Economía y Hacienda de Canaria, José Manuel Soria (PP), en el próximo pleno de la Cámara.
Sobre este asunto se refirió también ayer su homólogo en el grupo popular, Miguel Cabrera Pérez-Camacho, quien negó que Soria haya pretendido coaccionar para que la Mesa desestime la moción socialista. En rueda de prensa, Cabrera se mostró "encantado" de que se produzca el debate de la reprobación hasta el punto de que invitó al PSC a que la presente cuanto antes, "incluso a escribir un texto alternativo si lo redacta mal. Nos vamos a divertir", apostilló.
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