VÍCTOR GARRIDO. SANTA CRUZ
La Autoridad Portuaria de Santa Cruz de Tenerife y el Gobierno de Canarias no han perdido la guerra, pero sí una batalla importante que impedirá reanudar las obras del Puerto de Granadilla (sur de Tenerife), previsiblemente hasta dentro de un año, como pronto.
El Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) emitió ayer un auto donde resuelve mantener la suspensión cautelar de la Orden emitida por la Consejería de Medio Ambiente el pasado 2 de febrero, para quitar el estatus de especie protegida a la población de Cymodocea nodosa (la seba) existente en el ámbito de las obras del Puerto de Granadilla. Cabe recordar que estos sebadales suponían el último escollo para dar luz verde a las obras.
El argumento principal para mantener la suspensión de la orden de descatalogación es el riesgo de "daño irreversible" que las obras del puerto producirían en los sebadales. Así, matiza la Sala que "no es un peligro derivado por hipotéticas y más o menos previsibles consecuencias en un futuro cercano, sino una consecuencia inmediata por una obra pública en fase de ejecución".
En su resolución, el tribunal desestimó también la petición subsidiaria solicitada por la Autoridad Portuaria, de tal manera que la Federación Ecologista Ben Magec-Ecologistas en Acción -la parte demandante que interpuso la denuncia- no deberá aportar ningún tipo de aval o fianza -que la Autoridad Portuaria estimó en 31 millones de euros- por los perjuicios que pudieran derivarse de la paralización de las obras del Puerto de Granadilla.
En este sentido, considera el TSJC que no se puede exigir a los ecologistas que acarreen con las consecuencias del bloqueo, porque su denuncia no se dirige a paralizar la obra, sino a evitar que se descatalogue una especie protegida, independientemente de que exista una relación íntima entre ellas.
No es definitivo. Es importante destacar el hecho de que esta medida es cautelar, es decir, que no resuelve el fondo del asunto, o sea, si el proceso de descatalogación de los sebadales se ha hecho de forma ilegal.
Argumentos ecologistas. En síntesis, los argumentos esgrimidos por Ben Magec para solicitar la suspensión de la orden de descatalogación de sebadales se sustenta en "una clara vulneración de los trámites previstos en el Decreto 151/2001", que regula los procedimientos de catalogación y descatalogación de especies protegidas en Canarias.
Así, los ecologistas denuncian que el informe técnico utilizado para justificar la descatalogación no ha sido elaborado por una institución científica o académica sino una entidad privada. También dicen que se ha prescindido del necesario informe de la Dirección General de Medio Ambiente;y, por último, apuntan que se ha "manipulado" el informe del Servicio de Biodiversidad, que se pronunciaba en contra de la descatalogación de los ejemplares existentes en el ámbito de las obras del puerto de Granadilla.
Defensa del Gobierno. Por su parte, Puertos y el Gobierno sostienen que los sebadales afectados suponen un 1,26% del total en todo el Archipiélago, con lo cual la especie no está en peligro de extinción "ni siquiera en los umbrales de la amenaza". También dicen que la población de Cymodocea nodosa de Canarias no cumple con los parámetros para ser incluida en la categoría de interés especial por razones científicas (la categoría que, según el Servicio de Biodiversidad, debe tener).
Niegan asimismo que existan irregularidades de forma y señalan que el informe técnico de la empresa privada cuenta con el aval de la Fundación Observatorio Ambiental del Puerto de Granadilla;y, por último, recuerdan que el Puerto de Granadilla es de interés público.
Otras vías abiertas. Cabe recordar que existen otros dos procesos judiciales abiertos contra la orden de descatalogación de los sebadales de Granadilla, en este caso por la vía penal, y que involucran al consejero de Medio Ambiente y Ordenación Territorial del Gobierno de Canarias, Domingo Berriel. Por un lado, la Fiscalía de Medio Ambiente de la provincia de Santa Cruz de Tenerife ha recogido una denuncia de Ben Magec y ha abierto una investigación para conocer la supuesta manipulación por parte de Berriel del informe técnico del Servicio de Biodiversidad. Ya ha citado a declarar a los técnicos que redactaron el proyecto.
Por otro, Izquierda Unida Canaria (IUC) también ha presentado una denuncia en la Fiscalía General del Estado, en Madrid, contra Domingo Berriel, por presuntos delitos contra el medio ambiente, tráfico de influencias y prevaricación administrativa en relación con el Puerto de Granadilla.
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Tras conocer el auto del Tribunal Superior de Justicia de Canarias que mantiene la suspensión cautelar de la orden de descatalogación de los sebadales afectados por el ámbito de las obras del Puerto de Granadilla, el consejero de Medio Ambiente y Ordenación Territorial, Domingo Berriel, informó en un comunicado que el Gobierno autónomo "entiende que la norma promulgada es ajustada a Derecho, cuestión aún no juzgada y que se dilucidará en otro momento procesal. No obstante, anunció que los Servicios Jurídicos del Gobierno formularán de inmediato el oportuno recurso de súplica en el que tratará de acreditar a la Sala la inexistencia de los motivos de suspensión de la Orden, tanto por el perjuicio que el retraso en la construcción del puerto de Granadilla supone para el interés general de Canarias, como por la improcedencia de la protección que en el catálogo canario de especies se otorga a la Cymonodosea nodosa
Francisco Castro (Ben Magec): “Ahora más que nunca es posible parar el Puerto”
El secretario de la federación ecologista Ben Magec, Ecologistas en Acción, Francisco Castro, mostró ayer su satisfacción por el auto del TSJC, y manifestó que “ahora más que nunca es posible parar el puerto”. Castro destacó el hecho de que el auto, aunque en principio es cautelar, entra en cuestiones del fondo del asunto relativas al informe del Servicio de Biodiversidad. “Estoy segurísimo de que no se hubiesen animado si no tuviesen indicios y motivos de que hay cosas que no están muy claras”. De igual manera, valoró el secretario de Ben Magec positivamente que investigadores del Centro Superior de Investigaciones Científicas y de la Universidad Autónoma de Madrid hayan pedido ayer a los ministerios de Fomento y Medio Ambiente que desestimen el puerto de Granadilla, y ven improcedente la desprotección de su sebadal. “Ya solo hace falta que se sume un organismo internacional”.