Otro vecino que quiere petróleo
Víctor Garrido. SANTA CRUZ
La delimitación de la franja divisoria que establece los espacios marítimos entre España y Marruecos en las aguas que separan Canarias y la costa africana -imprescindible para dar luz verde a las prospecciones petrolíferas de Repsol en las inmediaciones de Lanzarote y Fuerteventura-, presenta múltiples aristas. En las conversaciones que periódicamente mantiene la comisión bilateral establecida por ambos países se tienen en cuenta, no sólo las diferentes interpretaciones que cada uno hace de la Convención de los Derechos del Mar, sino también los intereses económicos comunes y una cuestión clave, la antigua colonia española del Sáhara Occidental, ahora bajo ocupación marroquí. Por todo esto, la delimitación de la franja atlántica aún no se ha acordado y las ambiciones petrolíferas de ambos países continúan estancadas.
Pero España y Marruecos no son los únicos interesados en explotar las bolsas de hidrocarburos de la costa africana, el Gobierno de la República Árabe Saharaui Democrática (RASD), de forma unilateral, abrió en 2005 un proceso de concesión de licencias para la exploración de hidrocarburos en el Sáhara Occidental, un territorio que se disputa con Marruecos desde hace más de 30 años. El área ofertada por los saharaui está dividida en dieciocho bloques, seis en tierra firme y otros doce en aguas del Atlántico, al sur de las Islas Canarias.
Victoria diplomática
La inciativa de la RASD, diseñada según los principios legales y usos habituales en la industria del petroleo, se ajusta escrupulosamente a la normativa dictada por las Naciones Unidas para operaciones en territorios sin gobierno propio, calificativo que refleja la no celebración de un referéndum de autodeterminación con posterioridad al proceso de descolonización. De tal modo que si Marruecos denuncia, se produce un conflicto comercial entre el órgano de gobierno del territorio descolonizado y la potencia ocupante, en el que Marruecos tiene las de perder.
Por su parte, España no se ha pronunciado sobre la mediana que los saharauis han fijado de forma unilateral con Canarias, delimitada en el bloque denominado Tah, que forma el vértice de un triángulo al Este de Fuerteventura. De cualquier forma, la delimitación efectuada por la RASD respeta tanto la Zona Marítima Especialmente Sensible del Archipiélago como las coordenadas de los bloques de exploración concedidos a Repsol en 2001 por el Gobierno español de José María Aznar (PP).
Adjudicaciones
Los primeros resultados de la ronda de concesiones de la RASDse tradujeron en 2006 en forma de nueve permisos -tres en tierra y seis off shore-, adjudicados a empresas, la mayoría con sede en el Reino Unido, a las que otorgan interesantes condiciones contractuales, aunque no podrán iniciar los trabajos de exploración mientras la fuerza ocupante marroquí siga ejerciendo el control de la zona. La segunda ronda de concesiones petrolíferas está prevista para el próximo mes octubre y sus resultados se sabrán el 1 de diciembre, son un total de tres bloques en tierra y seis en mar (tres de ellos a escasos kilómetros de las costas canarias) que ocupan una superficie total de 193 kilómetros cuadrados, a una profundidad máxima de 3.600 metros.
Por su parte, Marruecos había iniciado en 2001 contactos de similar índole con varias petroleras -Total-Fina, Baraka y KerrMcGee- para que exploraran en la zona. Al final, la concesión de licencias de la RASD, en las mismas áreas que Marruecos, produjo que dichas empresas tuvieran que retirarse, primero porque no se encontró petroleo y segundo porque Marruecos tenía perdido el caso en las instancias internacionales.
Según los expertos, la iniciativa de la RASD se entiende como una maniobra de marcada intencionalidad política. Por un lado busca reafirmar el derecho del pueblo saharaui a ejercer su soberanía sobre la zona de exclusividad económica que desde la línea de costa se adentra 200 millas en el mar; y por otro, atraer a grandes petroleras que presionen al Gobierno de Rabat para desbloquear la convocatoria de un referéndum de independencia que determine el futuro del Sahara Occidental.
